In AEO 22 de enero de 2022, Resoluciones

Nombre de la resolución: Acceso a la educación en la Comunidad de Madrid

Asamblea Ejecutiva Ordinaria: 22 de enero de 2022

Justificación:

La educación pública madrileña ha ido arrastrando durante años la problemática de no atender las necesidades especiales de todo el alumnado para favorecer su desarrollo escolar, cognitivo y personal, independientemente de su género, procedencia o situación económica. Esto se traduce en las tasas de abandono escolar de la Comunidad de Madrid. Esta información no hay que tomarla como un dato general y abstracto, sino que hay que estudiarla en relación con la situación socioeconómica del alumnado y tener en cuenta, a su vez, factores como el idioma, la situación personal y otros problemas, sabiendo que hablamos de personas por delante de las cifras.

La involucración de la Administración en el desarrollo escolar de todo el alumnado, independientemente de los factores contextuales ya mencionados es muy necesario para paliar desde la educación las grandes diferencias que se perciben (tanto socioeconómicas como discriminatorias) en el alumnado madrileño, como se recoge en El Periódico, donde se alude a que la Comunidad de Madrid es la región con mayor nivel de segregación escolar. También se ha señalado que sólo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de Madrid (cf. eldiario.es). 

Es necesario atender a todas las trabas que encuentra el estudiantado en Madrid. Una de ellas es la segregación por género de algunos centros educativos, que provoca que los jóvenes perciban que hay una diferencia natural entre hombres y mujeres. Por otro lado, la segregación por nivel socioeconómico. Recientemente hemos conocido que, en un instituto de Móstoles, un grupo de alumnos no podía hacer frente a las tasas para inscribirse en la Selectividad, lo que provocó que el profesorado hiciese una colecta para poder pagarlo. Hay que tener muy en cuenta que, según CC. OO, de los 50.000 alumnos/as que estudian Bachillerato en la región, unos 7.500 están en riesgo de exclusión social. 

Asumiendo las mejoras que la educación infantil aporta a los estudiantes de primaria y por tanto formando las bases de la juventud, la enseñanza infantil debería pertenecer al grupo de aquellos estudios obligatorios recogidos en la ley de educación. Nos encontramos ante una situación de exclusión social desde los primeros estadios ya que, al no ser de carácter imperativo, los centros de educación infantil ofertados son, en su mayoría, de carácter privado, negando así estos servicios a niños y niñas con situaciones económicas no favorables. Esto crea ya desde el primer contacto con la educación una desigualdad en el punto de partida de los niños y niñas que se verá arrastrado hasta edades adultas.

Actualmente, la única asignatura en la Educación Primaria que trabaja la diversidad y el respeto de manera específica es la de Valores Cívicos y Sociales, una asignatura que se encuentra desplazada por su optatividad y alternativa a la asignatura de Religión.

En la etapa de Educación Secundaria se ofrece la asignatura de valores éticos como una alternativa a las personas que no quieren cursar religión. Además, también aparecen otras opciones como taller de ajedrez, actividad emprendedora y empresarial. Su carácter de optatividad puede minusvalorar el estudio de los valores para la sociedad, además de no asegurar que todo el estudiantado adquiera esos conocimientos.

En Bachillerato observamos la conversión en optativa de la asignatura de religión, tal como ampliación de matemáticas, desapareciendo valores éticos.

A consecuencia de no tener un espacio específico en los centros educativos donde tratar de manera extensa el respeto a la diversidad y el contacto con ella, el acoso y los delitos de odio en las instituciones educativas sigue en ascenso de la mano de las redes sociales.

Actualmente la Comunidad de Madrid posee un protocolo para la lucha contra el acoso pero tan sólo 700 centros se benefician de este, proponemos que se implante en todos los centros escolares de la comunidad de Madrid de manera obligatoria contemplando siempre posibles mejoras de la propuesta por parte de los centros.

Resolución:

Por todo lo anterior la Comunidad de Madrid debe poner remedio a una problemática que no tendría que producirse en pleno 2021, y más cuando sabemos que la educación pública es la base para paliar las desigualdades que se producen desde la cuna. Además, hay que tener presente que este problema, que asimila e interioriza el estudiantado, así como los problemas que puedan tener en sus hogares, repercuten, no solo en el rendimiento y en el desarrollo cognitivo propio de la etapa educativa, sino también en la propia salud mental.

Desde el CJCM instamos a la Comunidad de Madrid a llevar a cabo las siguientes propuestas:

  • Asegurar la existencia y plazas suficientes ante demanda de educación infantil pública y gratuita.
  • Complementar los contenidos de las asignaturas troncales con aquellos referidos a diversidad, para trabajar este tema en el aula y de manera transversal en todas las asignaturas.
  • Reducción de tasas universitarias y de formación profesional para asegurar acceso a educación superior, hasta su progresiva desaparición.
  • Eliminar las tasas relacionadas con obtener el título de Bachillerato.
  • Establecer contenidos de valores éticos como asignatura específica y de libre configuración, instando al gobierno estatal a la instauración de dicha asignatura como obligatorias en toda la educación primaria. Trabajar la diversidad y el respeto de manera específica no debería ser una opción en los centros de educación siendo un pilar fundamental de la competencia social y cívica.
  • Aumentar la formación del profesorado en la detección y desarrollo de protocolos de actuación y prevención de casos de acoso, ligada al inicio del curso, coincidiendo con la elaboración del plan de convivencia del centro. Estas formaciones deben partir de una bolsa pública de formaciones coordinada por la administración, que se encuentre disponible para los centros educativos y todos sus profesionales, y con diversidad de opciones formativas.
  • Reforzar las inspecciones educativas que se realizan para la supervisión del cumplimiento de las medidas reflejadas en el plan de convivencia, incluyendo la supervisión de las respuestas, ante los posibles casos, dada por parte del centro educativo y sus profesionales.
  • Visibilizar los recursos provenientes de los Servicios Sociales y la comunicación de estas instituciones con los centros educativos y las familias.
  • Aumento de las becas y ayudas al estudio, cubriendo costes directos, ocultos e indirectos, especialmente en aquellas etapas donde se produce mayor abandono escolar o dificultad de acceso. 
  • Asegurar la existencia de centros educativos públicos en todas las zonas de la Comunidad de Madrid, contando con suficientes plazas para el acceso de toda la población, solventando los problemas segregación social por geografía y por situación socioeconómica.

Bibliografía:

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