La educación pública y de calidad debe ser un pilar esencial de cualquier Estado Social, ya que funciona como ascensor social y permite a los ciudadanos mayor autorrealización personal y colectiva. Por ello, garantizar el acceso a una Educación Pública y gratuita en igualdad e inclusiva desde la primera infancia hasta la universidad, que asegure la igualdad de oportunidades y no deje a nadie atrás, se antoja prioritario en la agenda de nuestra región.
Para lograrlo, hay un término que sobresale por encima de los demás: la igualdad de oportunidades. En el momento en el que todos y todas tienen las mismas probabilidades de acceder, y, sobre todo, permanecer en el sistema educativo, así como obtener las mismas recompensas por el mismo esfuerzo, estaremos logrando una igualdad de oportunidades real y justa.
Sin embargo, desde el año 2011 la inversión en educación pública se ha visto reducidamente drásticamente a consecuencia de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno regional, disparando el gasto y el esfuerzo que tienen que realizar las familias. No en vano, la inversión en educación por estudiante de Madrid es la menor de todo el estado. Sin embargo el gasto en educación concertada no ha hecho más que aumentar.
Asimismo, los precios de grado y máster de Madrid son un 102% y un 229% respectivamente más altos que los precios de la comunidad donde son más baratos, generando graves desigualdades, y produciendo que haya, hoy en día, jóvenes que no pueden acceder en igualdad de condiciones a sus estudios superiores. Con estas políticas, se ha conseguido que Madrid llegue a situarse como una de las regiones de Europa donde estudiar es más caro.
Por último, es preocupante la reciente aparición de movimientos que pretenden socavar valores y derechos afincados en nuestra sociedad. Las escuelas deben ser lugares seguros donde todos los niños y todas las niñas puedan crecer desde el respeto y la tolerancia a sus compañeros. Así, la educación basada en los derechos humanos se antoja fundamental para poder construir una sociedad mejor en el futuro.
En nuestra región encontramos que se les dice a los jóvenes que están sobrecualificados y sin embargo no hay plazas suficientes en Formación Profesional en los centros públicos, otorgándose cada vez más a centros de gestión privada o concertada aquellas plazas que además suelen tener mayor demanda, con el agravio de que éste tipo de formación reglada cada vez supone un mayor coste para el alumnado.
Por estas razones, el CJCM exige a la Comunidad de Madrid:
– Reducir los precios públicos universitarios de forma inmediata, con el objetivo, a corto plazo, de la gratuidad de la primera matrícula.
– Aumentar, hasta nivel medios europeos, la inversión en materia educativa en nuestra región, para que nadie se queda atrás, focalizando, especialmente, en los colectivos en riesgo de exclusión social.
– Fomentar una educación que defienda y promueva los derechos humanos. Fomentar una educación que defienda y promueva los derechos humanos, los valores de paz, solidaridad y cooperación. Una educación que tenga como objetivo el desarrollo de la libertad de pensamiento, la creatividad, la emancipación individual y la autorrealización de todo el alumnado independientemente de su género, etnia, clase social, creencias, orientación sexual o identidad de género. Para ello, es necesario prestar especial atención a la prevención de actitudes sexistas, racistas y LGTBfóbicas, integrando, de manera transversal, la perspectiva de género y educando en el respeto a la diversidad afectivo-sexual y étnica.
– Implantar un sistema integral de becas y ayudas al estudio, que se adapte a cada realidad y renta familiar y/o del alumno/a, así como la gratuidad de los servicios de comedor y transporte escolar.
– Reivindicamos la reducción del ratio de alumnado por grupo con valores adecuados para la etapa educativa y el contexto de los centros, para para poder desarrollar una enseñanza personalizada, trabajando con grupos más reducidos, garantizando así, la atención a la diversidad (tomando como referencia general las indicaciones de la Red Europea para infantil, así como el máximo de 20 estudiantes por aula en la enseñanza primaria y secundaria). Se dotará a los centros del personal de apoyo necesario para asegurar que todo el alumnado progrese adecuadamente. Con especial atención a las aulas con presencia de alumnado con necesidades educativas específicas, donde se disminuirá en dos puestos escolares el número total de alumnos y alumnas del grupo de edad correspondiente.
– Garantizar el acceso a una educación pública laica que respete la libertad de conciencia
– Combatir la segregación escolar, con especial atención a las zonas de la Comunidad de Madrid en las que exista mayor alumnado de colectivos y minorías en riesgo de exclusión social.
– Suprimir progresivamente los conciertos educativos, hasta su completa desaparición mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados/concertados en una red única de centros públicos, incorporando así mismo, a los colegios privados que ocupan suelo público. Se respetará el derecho de las familias a la libre elección de centro escolar sin que ello suponga la necesidad de financiación pública de centros semi-privados. Adicionalmente y con carácter inmediato, se controlará el estricto cumplimiento de la ley y se suprimirán los conciertos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales.
– Promover planes de acogida para atender a todo el alumnado nuevo que se incorpora, prestando atención especial al alumnado de minorías o de familias migrantes que pueda tener mayores dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar, o bien que tenga necesidades específicas de refuerzo o apoyo en determinadas áreas del currículo.
– Configurar los currículos escolares desde un enfoque intercultural e inclusivo, potenciando el reconocimiento de los idiomas y la cultura del alumnado proveniente de familias migrantes y de minorías en los centros escolares. Además, la inclusión en los currículos la perspectiva de género mediante la impartición en las etapas obligatorias de una materia específica sobre educación para la igualdad y los derechos humanos. Del mismo modo, promoviendo una educación sexual que supere estereotipos heterosexistas mediante programas de prevención de LGTBfobia.
– Fomentar la educación pública en detrimento de otras de forma gradual y sin que afecte a las personas trabajadoras.
