La propuesta de implantación del hasta ahora mal llamado “Pin Parental”, auspiciada por los sectores ultraconservadores de la sociedad madrileña, supone que las familias den consentimiento expreso para la participación de los niños, niñas, niñes y adolescentes en todas las actividades complementarias, las cuales están incluidas en la programación de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, que se realicen en los centros educativos en las que participen personas ajenas a los claustros de docentes, aunque estén organizadas por ellos. Esta medida contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y personal docente y, lo que es más importante, contradice el derecho fundamental y constitucional de los niños, niñas, niñes y adolescentes a recibir una formación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia, como la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia y el respeto a la diversidad, que no se constituyen como parte de la moral personal, sino de la ética que se emana de los principios comunitarios que venimos conformando como sociedad democrática.
Las actividades complementarias están incluidas en la programación de los centros educativos de la Comunidad de Madrid que, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y adquieren el carácter de obligatorias y evaluables. Y contra ellas no existe objeción de conciencia. Confiamos en el criterio y la profesionalidad de los docentes y consideramos inadmisible que se les censure en su ejercicio docente.
El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid considera que no se pueden hacer optativos en la escuela valores de respeto a la diversidad que en nuestro país no son opcionales desde hace más de cuarenta años. Además, esta propuesta contraviene, entre otras, la ley 2/2016 de Igualdad Social y no Discriminación por motivos de identidad o expresión de género, la Ley 3/2016 de Protección integral contra la LGTBIfobia, la legislación sobre violencia de género de la Comunidad de Madrid, la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño.
La educación en valores de diversidad reduce la desigualdad social y promociona el respeto a la diversidad social y la conciencia cívica. Las familias tienen información de todas las actividades que se realizan en los centros educativos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes no necesitan autorización.
El mal llamado “Pin Parental” es un grave error porque supone realmente un veto de las familias a que los niños, niñas, niñes y adolescentes puedan acceder a una formación integral en valores democráticos de convivencia. Esta medida el único fin que persigue es convertir la educación en valores en opcional, privando a todo el estudiantado de formación sobre LGTBIfobia, racismo, xenofobia, para la prevención de la violencia de género, ludopatía, prevención en el consumo de drogas, infecciones de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, bullying, grooming, sexting, prevención de embarazos no deseados, cuidado del medio ambiente, educación vial, educación para el desarrollo y ciudadanía global (entre otras.)
El veto Parental desautoriza y deslegitima al profesorado.
El veto Parental vulnera los derechos del alumnado.
El veto Parental pone en peligro la convivencia social.
Por todas las razones expuestas, El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid como garante y defensor de los derechos de la juventud y del interés superior de los menores de edad, exige en general a la Comunidad de Madrid y en particular a la Consejería de la Comunidad de Madrid:
• Que muestre su rechazo a la implantación en la Comunidad de Madrid del veto parental (“Pin Parental”) que propone impedir al estudiantado acceder a una formación en valores democráticos y de diversidad.
• Que no ceda frente a las presiones de los sectores ultraconservadores que pretenden dinamitar los cimientos democráticos y de convivencia de la sociedad madrileña.
• Que respete y haga respetar la legislación vigente en materia de educación, de igualdad de trato y no discriminación y de convivencia asegurando una formación de fomento del respeto y la convivencia como base esencial para la construcción de una sociedad democrática.
