In AEE de 18 de abril de 2020, Resoluciones

La crisis sanitaria causada por COVID-19 y las medidas que se están tomando en muchos países para frenar los contagios, ha impactado en los ámbitos laborales, socioeconómicos y sanitarios. En marzo, el número de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid ha aumentado en 10.000 respecto al mes anterior, y el número total de afiliados a la Seguridad Social bajó en 52.000 personas. El número de personas afectadas en los más de 60.000 ERTEs son ya más de 500.000. Adicionalmente, y previo la paralización de la actividad no esencial, se preveía el impacto en torno al 4% del PIB.

Algunas personas expertas indican que en los próximos meses nos encontraremos con una nueva recesión. En esta coyuntura, las personas jóvenes vamos a ser uno de los colectivos más perjudicados como ya lo fuimos en la anterior crisis. De hecho, aún no hemos recuperado los datos de empleo de antes del 2008. Las personas jóvenes somos el colectivo de edad con mayor riesgo de exclusión social según el CJE3, ocupando en nuestra mayoría los trabajos temporales y con condiciones más precarias; somos también, uno de los colectivos que más paro sufre. Todas estas variables socioeconómicas, que tienen consecuencias sociales y sobre su salud (física y psicológica), pueden verse dramáticamente agravadas por la actual situación de crisis.

En este sentido, entendemos que las personas jóvenes son un colectivo social de mayor vulnerabilidad, y es por ello por lo que se debe poner especial énfasis en la salvaguarda de sus derechos, bienestar y empleo. En consecuencia, es especialmente importante que se dote de efectividad el artículo 48 de nuestra Constitución, que llama a asegurar las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Por todo ello, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid pide a las Administraciones competentes que actúen en los siguientes ámbitos:

Por un lado, la paralización económica que ha provocado esta situación y la posible reducción de ingresos de algunas empresas amenaza con acabar con un número importante de puestos de trabajo. Por ello, para facilitar a las empresas el mantenimiento de los puestos de trabajo, pedimos:

  • La aplicación de una moratoria fiscal en las cotizaciones de la Seguridad Social durante el estado de alarma, sin intereses, para las pymes, siempre que cada empresa vea reducida su actividad en un 60% en el caso de las actividades no esenciales y un 30% en el caso de las esenciales. Estas empresas tendrán que mantener los niveles de empleo previos al estado de alarma para poder beneficiarse de esta ayuda.
  • Continuar en la línea de flexibilización y potenciación de los ERTE para el mantenimiento del empleo.

Así mismo, para las personas trabajadoras que sigan en activo ya sea desde sus casas en la modalidad de teletrabajo, como desde sus puestos habituales, pedimos que se siga velando por garantizar sus derechos. Sin embargo, entendemos que habrá algunas personas trabajadoras que pierdan su puesto de trabajo a causa de esta crisis, y que es posible que la juventud sufra gran parte de las consecuencias en este sentido. Por ello también proponemos:

  • Reforzar los recursos de la inspección de trabajo para garantizar que se respetan los derechos de las personas trabajadoras. En este sentido, reclamamos que se ponga especial énfasis en las condiciones de trabajo y tele trabajo que se desarrollen durante los días que dure el estado de alarma, tanto a la salud laboral en lo presencial, como el respeto a la privacidad y descanso habitual de las personas trabajadoras a distancia, es decir, que se respete su jornada laboral habitual.
  • Reforzar los programas de inserción laboral de la juventud, revisar su eficacia, enfocándose en los posibles sesgos según los perfiles socio económicos, especialmente en el Sistema de Garantía Juvenil.

Por la misma razón que la parálisis económica afectará a las empresas, afectará también y de forma especialmente dura a las personas autónomas, quienes, en muchos casos sin ingresos, van a tener serias dificultades para pagar su cuota a la seguridad social. Así mismo, dado que entendemos que, lamentablemente, no todos las personas autónomas serán capaces de recuperarse de la crisis, pedimos las siguientes medidas:

  • Que, en materia de tarifa plana, el tiempo que dure el estado de alarma no compute a efectos de prórroga de esta.
  • Que, hasta que se recupere la normalidad dentro de la actividad económica de nuestro país, se bonifique al 100% las cuotas de la Seguridad Social de las personas autónomas, poniendo todos los medios a su alcance para que puedan superar con éxito esta recesión económica.
  • Reconocer y flexibilizar los requisitos para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad para el régimen de autónomos si su negocio corresponde a una actividad no esencial, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. Asimismo, en el caso de que corresponda a una actividad esencial, deberá acreditar una disminución en su negocio en un 60%.

En otro orden de cosas, es previsible que esta crisis tenga importantes repercusiones sociales, pero ello no debería ser excusa la garantía de los derechos de la ciudadanía, especialmente en materia de vivienda. Por ello, nos posicionamos a favor de:

  • La elaboración de un plan para la garantía del derecho a la vivienda coordinado con el resto de las administraciones públicas que recoja medidas específicas destinadas a la población joven, entre otras:
  • El compromiso para actuar dentro de sus competencias para evitar los desahucios sin alternativa habitacional, tal como pide el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
  • El aumento del parque público de vivienda, a través de auditar el parque de viviendas públicas infrautilizadas en la Comunidad de Madrid o la inversión directa; entre otras posibles formas.
  • La promoción de los planes ya existentes de vivienda pública para jóvenes.
  • Establecer ayudas de carácter económico y fiscal para quienes no tengan recursos suficientes para pagar el alquiler.

Adicionalmente, y en la línea con lo anteriormente planteado, en materia de ayudas sociales, sobre todo a los colectivos vulnerables, especialmente golpeados por las crisis económicas, pedimos que se tengan en cuenta los siguientes puntos:

  • Promocionar, difundir y agilizar la concesión de ayudas sociales, contemplando la tramitación de urgencia durante el tiempo que dure la pandemia y el posterior. Ello es especialmente necesario en el caso de la Renta Mínima de Inserción, para la que además pedimos ampliar el requisito de edad de su apartado 2.2 a los 30 años.
  • Garantizar el abastecimiento y financiación necesarios a entidades sociales que atiendan a colectivos en riesgo de exclusión social, intentando asegurarles la cesión de locales de titularidad pública para que puedan realizar su actividad.
  • Estudiar la posibilidad de garantizar a los y las becarias el acceso a ayudas económicas similares a las de desempleo para las personas trabajadoras.
  • Que se establezca un ingreso mínimo vital de ágil y masiva aplicación para no dejar a ninguna persona atrás durante esta crisis.

 

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