Nombre de la resolución: Plan de empleo joven.
Asamblea Ejecutiva Ordinaria. 22 de enero de 2023.
Justificación:
El paro juvenil afecta a un 55,3% de los jóvenes menores de 20 años, y a un 34% entre los 20 y 24 años. La Comunidad de Madrid debe ofrecer a los y las jóvenes un trabajo digno y medidas concretas para reducir el desempleo que sufre la juventud madrileña. A su vez, debemos apostar por ayudas a la contratación, tales como ayudas a las empresas que estabilicen los contratos temporales que tienen los y las jóvenes en la Comunidad de Madrid, y bonificaciones a aquellas empresas que ofrezcan condiciones laborales dignas y adecuadas a su plantilla juvenil (Tales como contratos indefinidos, salarios competitivos, jornadas laborales reducidas).
Es necesario establecer un programa piloto de seguimiento específico, dentro del servicio público de empleo madrileño, para asesorar de una forma más dirigido y personalizado a un grupo representativo de jóvenes, que permita tanto el asesoramiento formativo o de cualificación, como la conexión con las empresas oferentes de empleo. Se establecerá un objetivo, para ese grupo representativo, de reducción del desempleo en al menos un 30%.
La formación es un punto angular de la política de empleo y por ello debe serlo también de dicho Plan de Empleo.
Resolución:
Instamos a la Comunidad de Madrid, a la creación del Plan de Empleo Joven, una ley
específica para atajar el desempleo juvenil que afecta a los jóvenes de la Comunidad de
Madrid.
Del mismo modo, creemos necesario que la Comunidad de Madrid, en el desarrollo
normativo del Plan de Empleo Joven, adopte medidas efectivas y reales para acabar con la
atipicidad de los contratos y la precariedad del empleo juvenil a las que deben hacer frente
las personas jóvenes al incorporarse al mercado de trabajo.
Así pues, desde el CJCM reclamamos a la Comunidad, que, a la hora de aprobar el Plan de
Empleo Joven, apueste por la mejora de las condiciones laborales de las personas
trabajadoras, quienes a la hora de iniciar su trayectoria profesional, se ven achacadas a
aceptar periodos de prácticas – en su inmensa mayoría, no remunerados -, por medio de
entidades educativas privadas que cuentan con el beneplácito de la Comunidad.
Por último, exigimos que la Comunidad de Madrid se comprometa con el cumplimiento de
los derechos laborales en la implantación de este programa, asegurando que tanto el
asesoramiento formativo o de cualificación, así como la conexión con las empresas
oferentes de empleo, se realice bajo los criterios de igualdad de trato, no discriminación,
interdicción de la arbitrariedad y bajo la responsabilidad pública que le es propia.