En las últimas décadas las personas jóvenes hemos sufrido una paulatina disminución de derechos laborales, desde legalización y aprobación de las ETTs pasando por las reformas laborales que han reducido tanto el papel del diálogo social como la estabilidad en el trabajo.
Según el apartado del Observatorio de Emancipación Juvenil del CJE que se refiere a la Comunidad de Madrid, los datos del segundo semestre del 2019 apuntan a que el paro juvenil es de un 17%. Aunque es la segunda tasa más baja del estado, existe diferencia entre el dato de paro en mujeres (15,7%) y el dato obtenido entre hombres (18,3%) dado que se ha visto un retroceso en el paro entre mujeres. Si atendemos a los datos oficiales proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) en la Comunidad de Madrid hasta los 25 años, en el mes de noviembre del 2020 tenemos un desempleo juvenil del 35% (32% hombres y 39% mujeres). Estos datos son preocupantes ya que debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID – 19, las consecuencias en el desempleo juvenil empeorarán en el futuro. A este dato se suma la dificultad de incorporarse a un nuevo empleo, ya que los datos obtenidos también en el Observatorio nos dicen que la mayoría de las personas jóvenes en paro habían estado buscando empleo por un período de entre 3 meses y un año: la precariedad laboral empieza incluso antes de incorporarse en el mercado laboral.
Un aspecto clave en la calidad del empleo es la parcialidad (un 27,9% según los datos del segundo semestre del 2019) y la temporalidad (que representa un 86,3% de los contratos firmados por personas jóvenes en el cuarto trimestre de 2019). Según los últimos datos disponibles, una persona joven en la Comunidad de Madrid debía de firmar una media de 5 contratos de trabajo para completar un año de trabajo. La temporalidad y sobre todo la parcialidad genera empleo precario, dado que el empleo parcial disminuye el salario a cobrar y la temporalidad genera una incertidumbre constante y la imposibilidad de poder planificar o construir una vida estable.
Por otro lado, la sobrecualificación y la subocupación también condicionan la situación de las personas jóvenes que se ven obligadas a aceptar empleos que no se corresponden a su preparación académica y/o laboral, o que no representan el número de horas que podrían trabajar. En este caso los datos indican que la sobrecualificación afecta a un 19,3% de los hombres y a un 40,8% de las mujeres. La subocupación representa un 15,2% de la población joven ocupada en la CAM (más de 70.000 jóvenes).
Como personas jóvenes, tenemos la obligación de trabajar para construir un presente de relaciones laborales menos precarias por muchas razones: la primera y más importante porque la precariedad del presente, si no se cambia se extenderá en toda nuestra vida laboral. Por otro lado, no hay que obviar los efectos de la precariedad en la salud y la salud mental de las personas. Por último, cómo se constituye el mercado laboral es la base de toda sociedad, sin justicia social no puede haber ciudadanos libres y felices.
Por todo lo anterior el CJCM defenderá en todos los espacios estatales:
- Incidir para que se redefina el marco laboral español para que el empleo que se genere sea de calidad mediante la recausalización de la temporalidad y la parcialidad.
- Apostar por el desarrollo de industrias verdes y digitales de forma transversal en todos los sectores de nuestra sociedad, teniendo en cuenta la necesidad de transicionar de forma justa para no dejar a nadie atrás.
- Dejar atrás formas “innovadoras” para la inclusión de la juventud en el mercado laboral, las prácticas/becas sólo tienen cabida dentro del ámbito educativo y fuera de este solo genera precariedad. Tampoco el “emprendimiento” es la solución
- Apostar por un aumento de recursos de inspección de trabajo y salud laboral: la juventud es el colectivo con más riesgo de tener un accidente de trabajo y con más precariedad, es por ello que necesitamos que se inviertan más recursos para llegar a todas las empresas que cometen abusos laborales y ponen en riesgo la vida de los y las trabajadoras.
A nivel de política autonómica:
- Incidir en el proceso de diseño, implantación y evaluación de la aplicación de Garantía Juvenil Plus (2021/2027) en la CAM. Evitando la bonificación masiva a empresas, dado que genera un efecto sustitución en el empleo e impulsando medidas que ayuden a la empleabilidad de la juventud más precaria.
- Participar en el proceso de evaluación del impacto que ha tenido la Garantía Juvenil (2013/2020) a largo plazo en la CAM.
- Impulsar una política de industrialización verde y digitalización en la CAM que genere empleo de calidad, aumentando así el valor añadido que se crea.
- Incidir para que no se bonifique la contratación temporal y verificar que todas aquellas contrataciones que son bonificadas (preferentemente indefinidas), son mantenidas en el tiempo y cumplen las condiciones necesarias para dicha bonificación.
- Apostar para que se dote de los medios y recursos necesarios para evitar la actual brecha de género en el mercado de trabajo: las mujeres sufren más la precariedad.