Por un blindaje de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid

Nombre de la resolución: Por un blindaje de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid

Presentada por: Comisión Permanente 

Justificación: 

El Estado social y democrático de derecho, tal como se define en la Constitución Española, compromete a los poderes públicos en la promoción de las condiciones “para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (art. 9.2 CE), así como en el cumplimiento de los objetivos que hagan posible el progreso económico y social. 

Siguiendo esta línea, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” Principios que se encuentran incorporados en nuestra Constitución, donde los derechos sociales y económicos se colocan en el mismo orden de importancia que los derechos civiles y políticos.

Los servicios sociales se instrumentan como los diversos mecanismos para hacer frente a los estados de necesidad y garantizar el bienestar de los ciudadanos. La presente situación generada por la crisis sanitaria, así como el paso del tiempo previa a dicha crisis, han puesto en evidencia las carencias de la Ley promulgada hace casi veinte años, pues la misma no se ha adaptado a los cambios profundos en la demografía, en el tejido social y económico, que revelan la existencia de problemas de índole social por resolver.

Así, en 2019, la comunidad de Madrid era la comunidad más rica de España, con un PIB per cápita de 35.913 euros anuales —un 36% por encima de la media nacional—, y la que tiene más peso en la riqueza de todo el país —el 19,3% del PIB—. Sin embargo, es también una de las regiones más desiguales del país. De este modo, los desequilibrios económicos existentes en la región en 2018 diferían en más de 130.000€ respecto a la renta media disponible entre la zona más rica y la más pobre (la Moraleja con 150.312€ y Puente de Vallecas con 17.795€). 

Durante el año 2020, el porcentaje de la población en riesgo de exclusión social o de pobreza en la Comunidad era del 20,9% (INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2021). La precariedad en la vivienda es un factor clave de exclusión social, dado que la Comunidad de Madrid tiene los metros cuadrados más caros de España en alquiler (14,1 euros, frente a una media nacional de 10,9) y los segundos más altos para venta, tras Baleares, según los informes de abril de 2022 de Idealista (3.804 euros en Madrid, frente a los 1.853 a nivel nacional). Esta situación genera graves situaciones de desequilibrio social, al imposibilitar o dificultar el acceso a una vivienda para gran parte de la población, especialmente al colectivo de la juventud. Los datos del observatorio de emancipación del CJE (2019) muestran que la tasa de riesgo de pobreza de la juventud madrileña era del 25,1%, por lo que 1 de cada 4 personas jóvenes de la Comunidad de Madrid se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

La crisis sanitaria derivada por la COVID-19 únicamente ha agravado exponencialmente los problemas y desigualdades existentes que veníamos arrastrando. Especialmente notorio es en el empleo, donde la disminución del número de afiliados a la Seguridad Social, que en el año 2020 descendió en 101.343 afiliados, un -3,1% en tasa interanual. En el mes de mayo de 2020, la media mensual de trabajadores afiliados en situación de Expediente de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor alcanza la cifra de 479.297 y por no fuerza mayor 75.732 trabajadores. El número de trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social en el mes de mayo se situó en 3.133.484 afiliados, lo que supone 7.060 afiliados menos que en el pasado mes de abril. Este dato sitúa la tasa de variación interanual en el -3,1%, porcentaje de variación que equivale a 101.343 afiliados menos de los que había en el mismo mes del año anterior. Este problema laboral se ha visto más acentuado en la población joven madrileña, pues un 11,6 % de los mayores de 35 años que reportaban cambios laborales en 2020 fue despedido. La incidencia de los despidos es mayor entre los menores de 35 años, llegando a un 17,80%. Y entre ellos, mayor aún para las mujeres de esa edad el porcentaje de despedidas es del 22,8%. A pesar de que las cifras han mejorado con la aplicación de la nueva norma de la reforma laboral estatal y que a fecha de abril de 2022 la afiliación media a la Seguridad Social sea de 3.405.494, siendo este su máximo histórico desde 2004, no supone un arreglo estructural del sistema-mercado de trabajo. La tasa de pobreza es mayor entre la juventud en paro, un 37,4%, pero conseguir trabajo no significa para la juventud una garantía para salir de la pobreza y tener una vida digna: el 24,1% de las personas jóvenes con empleo están en riesgo de pobreza (Observatorio de Emancipación del CJE, 2019). 

Asimismo, se ha observado una variación en el perfil usuario de servicios sociales en Madrid pues, entre marzo y junio del 2020, el 28,60% de las personas que contactaron eran nuevos usuarios. Desde el 2020 se desarrolla una evolución en el perfil del usuario de servicios sociales, dominados antes de ese año por personas mayores de 65 años; estas son sustituidas, sobre todo, por familias con menores a cargo (muchas de ellas monoparentales).

Si bien son múltiples las causas estructurales generadoras de la exclusión social y necesidad de servicios sociales (precios abusivos de la vivienda en alquiler y dificultad de acceso a compra de vivienda, paro, precariedad laboral y temporalidad no deseada, aislamiento social, falta de recursos en la sanidad y educación pública…) y por tanto varias las políticas públicas que se pueden aplicar, también es urgente tomar medidas que ayuden a paliar la situación extrema que la crisis sanitaria ha potenciado, acompañado de propuestas que busquen resolver las causas estructurales que llevan a esta situación. De esta forma, aunque ya el fenómeno de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 esté llegando a puntos máximos de control, tener unos servicios sociales fuertes pueden protegernos ante distintas y nuevas amenazas ambientales y sanitarias a las que, sin duda alguna, nos tendremos que enfrentar en el futuro sin dejar a nadie atrás. 

Actualmente existen diversos mecanismos que intentan paliar la pobreza como elemento perenne de la sociedad en general y de la juventud en particular. En el ámbito estatal, el Congreso aprobó el Ingreso Mínimo Vital, concebida como una prestación que persigue frenar la pobreza en unos 850.000 hogares en el país e impulsar la inclusión laboral. Por otro lado, y en lo referente a la normativa de la Comunidad de Madrid, disponemos de la Renta mínima de Inserción (RMI), una ayuda que pretende cubrir las necesidades básicas cuando no hay ingresos que procedan del trabajo, pensiones o prestaciones sociales. Pero el problema encontrado a estas medidas son las trabas burocráticas de concesión de estas ayudas y la falta de inversión en las mismas a lo largo de los años. Así, en agosto de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció el ingreso mínimo vital (IMV) a más de 80.000 hogares de un total de 750.000 solicitudes. De ellas, 74.000 ayudas se han concedido de oficio. Las otras 6.000 representan apenas un 0,8% de las solicitudes presentadas. Por otro lado, y referente a la RMI, la región madrileña se encuentra por debajo de la media nacional en 2019, así con una renta mínima de 400€, siendo la media nacional de 486,03€ y una renta máxima de 950€ (a 2021), con una media nacional de 872,57€. Este importe mínimo representa el 13% de la renta per cápita mensual en 2019 (2.989,67€). Es importante resaltar que la Comunidad Madrid junto con Cataluña y País Vasco son las comunidades con un mayor número de titulares de la prestación. Sin embargo, el gasto total ejecutado de la región madrileña (155.296.179,88€) se encontraba en 2019 muy por debajo del de Cataluña (267.530.528€) y País Vasco (422.486.652€), nuevamente sorprendente siendo la región de España con mayor PIB.

Tras lo expuesto, resulta evidente que uno de los problemas fundamentales es la falta de financiación y recursos humanos de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid y sus consistorios, que deben respaldarse con voluntad política y aumentar su asignación de los presupuestos comunitarios, así como emplear de manera decidida en una mejora de los servicios públicos a través los fondos COVID asignados para la recuperación económica. 

Pese al memorable papel que han tenido (y siguen teniendo) numerosas asociaciones vecinales y organizaciones de la sociedad civil haciendo redes de apoyo mutuo ante el desplome económico visto durante la crisis sanitaria, entendemos que las medidas que pueden amortiguar la exclusión social y la pobreza en las capas más vulnerables de la sociedad solo deberían emanar de las instituciones públicas, y que la organización popular no debe asumir esa responsabilidad en exclusiva. Sin embargo, los servicios sociales, ante tal desborde de familias en situación de crisis humanitaria, no solo no ha podido dar una respuesta a la altura, sino que ha excluido a miles de familias de toda la Comunidad e incluso ha llegado a derivar a estas organizaciones vecinales a familias bajo el umbral de pobreza extrema.

Resolución:

Por todo ello, en aras de mejorar la cobertura de las necesidades sociales de los ciudadanos, y en especial, de la juventud, desde el CJCM pedimos las siguientes medidas en las siguientes áreas:

Incrementar y mejorar el uso de los recursos:

• Realización de un estudio público sobre la situación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid, que incluya:
  • Mapeo de las zonas donde más necesidad haya de servicios sociales, y su actual cobertura, en aras de cubrir los déficits.
  • Análisis de las áreas en las que más necesidad hay de aumentar la financiación.
  • Identificación de posibles ineficiencias del sistema actual: duplicidades administrativas, falta de ejecución presupuestaria, etc.
• Realización de evaluaciones periódicas de los servicios ofrecidos y las necesidades, para adecuar los recursos destinados.
• Aumentar los recursos humanos de los servicios sociales municipales y de la Comunidad de Madrid estableciendo una ratio adecuada de trabajadores por población, ponderada por municipios o distritos en función de las necesidades específicas, que surjan del mapeo de necesidades. 
• Dotación a los servicios sociales de los Ayuntamientos de los recursos necesarios (tanto materiales como humanos) para abordar las necesidades de su territorio.

Mejorar la accesibilidad de los servicios con independencia de cualquier circunstancia:

Dado que los Servicios Sociales deben ser próximos, eficaces y de calidad y favorecer la participación y la integración de grupos y personas para paliar las deficiencias económicas, educativas, sociales y formativas, estos servicios deben ser accesibles para todo el mundo y es necesario comprender y tener en cuenta la situación de los diferentes grupos de personas y hacer frente a estas diferencias.

• Mejorar el acceso y la atención de los servicios sociales tanto autonómicos como municipales:
  • Facilitar la realización de los trámites de forma online a través de procedimientos intuitivos, ágiles y no tediosos; y 
  • Mantener la asistencia presencial, la única posible para ciertos colectivos que no cuentan con habilidades o medios digitales necesarios.
  • Garantizar que los servicios en los que sea posible se ofrezcan de forma online para garantizar la igualdad en el acceso.
• Dado que la cantidad de servicios sociales online está actualmente en auge, es necesario combatir la brecha digital mediante el fomento de la ampliación del ancho de banda (fibra óptica, wifi, etc.) y mediante pequeñas formaciones del formato que sea (charlas en colegios, centros culturales y demás espacios comunes, folletos con pequeñas píldoras instructivas, facilitar medios tecnológicos y asistencia presencial en instituciones y equipamientos públicos, etc.). De esta forma no sólo se mejora el acceso a los servicios sociales online, sino que se combate la brecha digital y se eliminan sus consecuentes repercusiones en términos de eficiencia económica.) 
• En el caso de las personas sin hogar, puede resultar muy útil simplemente que se les informe sobre las ayudas que pueden solicitar, sobre sus derechos, sobre cómo poner en regla sus papeles, etc. Contratar personal específico a este efecto, que sea suficiente para un acompañamiento realmente efectivo. 
• Revisar la incompatibilidad legal existente en la percepción de ayudas sociales, ya que en muchos casos son necesarias dos tipos de ayuda, que no se pueden compatibilizar.
• Adaptación de todos los servicios a la situación de las personas con cualquier tipo de discapacidad. De esta forma los servicios que requieren de presencialidad deben estar adaptados a personas con movilidad reducida, todos los servicios online deben disponer de accesorios que posibiliten su uso a personas invidentes, sordas o cualquier otra condición que impida su completo disfrute.

Garantizar una plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad:

• Reducción de la tarifa del abono de transporte autonómico para personas con discapacidad.
• Adaptación completa de los espacios de la región a las personas con discapacidad. 
  • Vigilar el cumplimiento de la ley en la accesibilidad de los comercios y establecimientos abiertos al público.
  • Plan de identificación y eliminación de las barreras arquitectónicas aún existentes en instituciones públicas tales como colegios, administraciones, etc. 
• Inclusión de las personas con discapacidad con independencia del nivel de renta en los programas de vivienda social para casos urgentes, teniendo en cuenta las necesidades específicas de vivienda de este colectivo.
• Impulso de una línea de ayudas que faciliten la permanencia en el sistema educativo a las personas con discapacidad.

Mayor protección a la infancia y adolescencia: 

• Mayor promoción del acogimiento familiar frente al residencial para hacer frente al creciente número de menores tutelados en el último año, mejorando los incentivos a través de las ayudas que se prestan a las familias de acogida, así como la información a estas de los beneficios.
• Promoción y mayor dotación de recursos a los Centros de apoyo y encuentro familiar (CEAF) de la Comunidad de Madrid, y los Centros de atención familiar (CAF) municipales, focalizando también la ayuda en familias de carácter monoparental o desestructuradas, para evitar que los conflictos escalen repercutiendo en el desarrollo de niños y adolescentes.
• Creación de espacios de ocio alternativo donde los niños de los mismos barrios o distritos puedan socializar de forma sana y adecuada, favoreciendo la inserción de niños que provengan de familias migrantes o de capacidad socioeconómica más baja.
• Aumentar los recursos del Servicio de Orientación Jurídica de la Comunidad de Madrid para reducir el tiempo de espera para conseguir una cita, así como garantizar un tiempo de atención suficiente a los ciudadanos que lo soliciten 
• Mejor colaboración entre centros educativos y servicios sociales autonómicos y municipales.
• Fomentar la inversión en programas de empleo para menores tutelados o en régimen de guarda, como el actual programa JUNCO.

Defensa de nuestras personas mayores

Debemos seguir mejorando la atención y los recursos disponibles actualmente hacia las personas mayores desarrollando las siguientes acciones:

• Brindando mayor cantidad de plazas de residencia, reduciendo de dicha forma la lista de espera de plazas actuales, que deja en muchas ocasiones en situación de desprotección a personas  mayores qué  se  ven  en  situación  de  encontrarse  sin  cuidadores  principales informales  en  el  domicilio, en  la  proximidad  o  bajo  el  cargo  de  personas  igualmente dependientes.
• Reforzando los cuidados profesionales en el domicilio, permitiendo un cuidado integral en el espacio personal de la  persona,  no  obligándola  a  salir  de  su  hogar,  apoyando  a  los familiares en la compatibilidad de cuidados.
• Facilitar y adaptar  los  trámites  burocráticos  de  solicitud  de  ayudas  específicas  a  la Dependencia (ley de dependencia) o discapacidad, actualmente muy informatizados a las personas mayores y permitiendo su solicitud sin el apoyo de terceros

Otros servicios sociales:

• Aumento de las plazas para los centros de emergencia, y también para los de acogida, así como los recursos de los servicios municipales de atención a víctimas de violencia de género (atención psicológica, trabajadores sociales, etc.) con el objetivo de dar una atención rápida e integral y acabar con las “listas de espera”.
• Elevar la cuantía de la RMI hasta situarnos por encima de la actual media estatal (500€)
• Rebajar el precio del abono para transporte autonómico a aquellas personas que, de acuerdo a los criterios del IMV, pertenezcan a una unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad económica.

Bibliografía:

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Asamblea General de la ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos (217 [III] A). Paris.

Sánchez, R; Oliveres, V; y Ordaz, A. (2021). El mapa de la desigualdad de renta por código postal: 200.000 euros separan al barrio más rico del barrio más pobre. ElDiario.es: https://www.eldiario.es/economia/mapa-desigualdad-renta-codigo-postal-200-000-euros-separan-barrio-rico-pobre_1_8400474.html 

Consejo de la Juventud de España (2020). Observatorio de Emancipación nº 18 y 19.

Dirección General de Economía de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid (2020, 2021 y 2022). Afiliación a la seguridad social. 

Fdo.: 

Área de socioeconómica 

Entidad. CJCM