PROTECCIÓN DE LA SALUD ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19

A principios del pasado mes de marzo, la Comunidad de Madrid registró un brote de COVID-19. Nuestra región, una de las más castigadas por esta pandemia global debido el rápido aumento de los contagios, sobre todo entre colectivos de riesgo, ha puesto a prueba los límites de nuestro sistema sanitario, que ha precisado apoyo externo para hacer frente al creciente número de pacientes.

Conviene ser conscientes de que la capacidad del sistema sanitario de atender al mayor número de personas es un factor fundamental a la hora de enfrentar esta situación y disminuir la letalidad del virus. En este esfuerzo por aumentar la capacidad del sistema sanitario, debe tenerse a su vez en cuenta la sobrecarga de trabajo a la que pueden verse enfrentados todas las personas trabajadoras del sistema de salud, que merece un gran reconocimiento.

La realidad de las pandemias nos ha sacudido ahora, pero la OMS lleva años alertando de su creciente riesgo en un mundo globalizado e inmerso en un cambio climático que incidirá sobre los ecosistemas. Dado que es previsible que en el futuro la situación no cambie demasiado, sino que se profundizarán estas tendencias, estar preparados/as para responder a posibles nuevas pandemias se vuelve esencial. Además de fomentar los buenos hábitos entre la población (ya que la salud se trabaja día a día), es necesario contar con unos servicios públicos potentes, sobre todo en lo que se refiere a los cuidados, que puedan atender a criterios de salud general y responder eficazmente a imprevistos como los de esta pandemia. Es por ello que cabe recordar las malas condiciones que han sufrido durante años gran parte del personal sanitario de la Comunidad de Madrid, teniendo una tasa de temporalidad de más del 30%.

Por ello, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid pide a la Comunidad de Madrid:

• Garantizar a todos los y las trabajadoras del sistema sanitario unas condiciones de trabajo dignas, en especial en lo que respecta a su protección frente al virus y su bienestar psicológico.
• Garantizar los suficientes medios humanos, materiales y formativos para cubrir la atención primaria con el fin de asegurar un eficaz filtro de los positivos en COVID-19, así como de atender los problemas sanitarios no relacionadas con este.
• Seguir manteniendo la línea de cooperación y diálogo con el resto de actores políticos y sociales, así como con las demás administraciones, proporcionando una respuesta fuerte y unida para hacer frente a la pandemia.
• Asegurar que los menús de comedor son sustituidos por alternativas saludables, especialmente para las familias con renta mínima de inserción (RMI), al ser estas especialmente vulnerables. En el caso de delegar estos menús a cadenas de comida rápida, pedimos que se garantice mediante los pertinentes controles la calidad nutricional de los mismos.
• Garantizar la transparencia de información, mediante reuniones de seguimiento en sede parlamentaria y comparecencias regulares ante los medios, que permita un seguimiento completo de la situación en la región, incluyendo datos acerca del estado de los recursos sanitarios de nuestra CA, como el número de camas UCI disponibles, el registro de médicos diagnosticados, las derivaciones de pacientes de hospitales públicos a privados o la situación concreta de las residencias.
• Facilitar que todos los contratos realizados a estudiantes sanitarios de último curso para la incorporación a hospitales aseguren que sean unos trabajadores de pleno derecho, siendo protegidos por la ley y sus colegios.

Además, pedimos que cuando finalice esta emergencia sanitaria:

• Se realice una investigación, inspecciones en los hospitales y centros de salud de gestión privada incluidos en el sistema público de salud y la revisión de los pliegos de todas las derivaciones, cesiones y conciertos, explorando su reversión por incumplimiento si se ha vulnerado el principio del interés general, si han incurrido en costes abusivos o si realizan cualquier práctica incompatible con los principios del sistema público de salud.
• Considerar la Atención Primaria como servicio sanitario esencial, evitando, como ha pasado durante esta crisis, la infrautilización de estos centros de salud en la CAM, e incrementando sus recursos hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario en 5 años para mejorar su capacidad diagnostica y terapéutica.
• Dado que la sanidad pública ha asumido la gran mayoría de los casos de COVID19 en nuestra comunidad y los recursos de la sanidad privada han sido infrautilizados en momentos de desborde del sistema sanitario, que se reconozca a esta como un servicio insustituible a la hora de garantizar el derecho a la salud y la justicia social, y que debe dotarse en consecuencia con recursos suficientes. En este sentido, consideramos que se debe garantizar el carácter público del sistema de salud de la Comunidad de Madrid, de forma que servicios como las pruebas de imagen no se deriven a la sanidad privada y solicitamos que se aumente la inversión en sanidad pública hasta alcanzar, al menos, el 7,5% del PIB en los próximos presupuestos regionales.
• Se incrementen además las inversiones para garantizar nuestra preparación de cara a futuras epidemias, concretamente en los siguientes ámbitos:
• La educación en salud pública para facilitar la cooperación social.
• La investigación, desarrollo e innovación públicas que sitúen el bien común en el centro, garantizando a su vez mejores condiciones laborales para el personal investigador.
• Se manifieste el apoyo a la sanidad pública, gratuita y universal frente a presiones de sectores que piden su supresión, al ser esta un garante de la salud pública que no debe ni puede hacer distinción alguna entre ciudadanos. Manifestar a su vez el apoyo a la universalización de la sanidad como derecho subjetivo inalienable para todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
• Se sigan también tras la pandemia garantizando unas condiciones de trabajo dignas a los y las trabajadoras del sistema sanitario, en lo respectivo a su situación laboral y su bienestar psicológico, escuchando en todo momento sus demandas.
• Solicitamos la apertura de una comisión en la asamblea de Madrid que evalúe la gestión de la crisis de la COVID-19.
• Solicitar a las autoridades competentes un aumento de camas públicas en las residencias, e incluso valorar la apertura de nuevos centros residenciales y centros de día. También, aumentar los recursos y establecer unas ratios de profesionales por residentes de obligado cumplimiento, tanto en el sector público como en el privado, y así asegurar una óptima prestación del servicio en función del grado de dependencia.
• Expresamos nuestro reconocimiento expreso y gratitud a todas las personas que trabajan en la sanidad que hacen que ésta siga siendo una de las mejores del mundo pese a los recursos limitados y los recortes en sanidad pública que se han hecho en la CAM los últimos años.
• Señalar la importancia de la salud mental como parte integral de la salud pública y mostrar preocupación por las posibles consecuencias psicológicas, psicosociales y la incidencia en la salud mental del confinamiento y la crisis sanitaria, económica y social en amplios sectores de la población, como señalan algunas voces autorizadas. En este sentido, solicitar a las autoridades competentes el establecimiento de medidas sanitarias de detección precoz, acompañamiento y tratamiento integral de los posibles trastornos psicológicos y psicosociales surgidos o agravados a raíz de la situación actual, con especial atención a los cuadros médicos relacionados con la ansiedad y la depresión, trastornos con gran incidencia en la población madrileña. Para ello subrayamos la necesidad de un incremento en las contrataciones públicas de profesionales sanitarios en el sector de la salud mental, la reducción de las largas listas de espera y el apoyo a la investigación en esta área. Mostrar también nuestra preocupación ante la gestión sanitaria de las enfermedades mentales entre la ciudadanía sin hogar durante la crisis sanitaria.