La juventud madrileña afrontaba el año 2020 arrastrando aún los efectos de la crisis económica de 2008, de la que aún no se había recuperado, tal y como muestra el Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud de España. La Gran Recesión tuvo como efecto una pronunciada caída de la renta del colectivo joven en toda España, evidenciando el desigual impacto de la precariedad y el desempleo entre las distintas cohortes generacionales. De esta forma, la fatal combinación entre desempleo y ajustes salariales y de horarios provocó una disminución estimada de la renta de en torno al 24%, superando holgadamente la media del resto de grupos. A su vez, la evidencia disponible referente al análisis comparado de la pobreza juvenil e infantil a nivel comunitario demuestra que la diferencia de renta entre la generación más joven y la generación mayor de 64 años encuentra en España la mayor disparidad de toda la Unión Europea (LaCaixa, 2017), evidenciando que la justicia intergeneracional está más alejada en nuestro país que en los países de nuestro entorno, generando una suerte de muro invisible que dificulta cuando no impide el normal desarrollo de la juventud, la elaboración de un proyecto vital y la incorporación al mercado laboral (Politikon, 2017), amén de generar notables distorsiones en la salud mental del colectivo joven.
Sin haber superado del todo las cicatrices generadas por dicha crisis, la crisis del coronavirus ha contribuido a ahondar las desigualdades y la pobreza entre el colectivo joven. Así pues, ya en septiembre de 2020 Eurostat estimaba un 43,2% de desempleo entre la juventud española, cifra ostensiblemente superior a la media, del 16,26%. De esta forma, no ha de sorprender que los datos del observatorio de emancipación del CJE (2019) muestran que la tasa de riesgo de pobreza de la juventud madrileña era del 25,1%, por lo que 1 de cada 4 personas jóvenes de la Comunidad de Madrid se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Si en diciembre de 2019 la tasa de paro juvenil en Madrid era del 17%, según la última EPA al acabar el tercer trimestre de 2020 la tasa de paro entre personas jóvenes es del 35,49%. Si bien aún no es posible conocer el alcance completo de la crisis que viene provocando la COVID-19, tanto a nivel sanitario como socioeconómico, esta comparación de datos nos permite anticipar que, sin duda, el colectivo joven será uno de los grandes perjudicados, que ya comienza a sufrir las consecuencias. La crisis económica generada como consecuencia de la COVID-19 solo ha podido incidir en la situación de pobreza y vulnerabilidad que ya padecía la juventud madrileña.
Aunque aún no hay datos sobre pobreza en la Comunidad de Madrid, el drástico aumento de la tasa de paro juvenil es la señal alarma de que las condiciones de precariedad de la juventud madrileña durante la crisis de la COVID-19 han debido aumentar hasta alcanzar niveles de emergencia social que pueden suponer dejar atrás a toda una generación si no se toman las medidas adecuadas.
Con todo, como cabría esperar, la tasa de pobreza es mayor entre la juventud en paro, un 37,4%, pero las cifras de pobreza entre jóvenes trabajadores son alarmantes. El 24,1% de las personas jóvenes con empleo están en riesgo de pobreza (Observatorio de emancipación del CJE, 2019), por lo que en nuestra región tener un trabajo no garantiza tener una vida digna.
Si bien son múltiples las causas estructurales generadoras de la pobreza juvenil (precio de la vivienda, precariedad laboral…) y por tanto varias las políticas públicas que se pueden aplicar (facilitar el acceso a la vivienda e impulsar el empleo de calidad) también es urgente tomar medidas que ayuden a paliar la situación de pobreza de las personas jóvenes mientras se resuelven las causas estructurales que llevan a esta situación.
Actualmente, existen diversos mecanismos que tratan de paliar la pobreza como elemento perenne de la sociedad en general y de la juventud en particular. En el ámbito estatal, el Congreso aprobó el ingreso mínimo estatal en fecha 10 de junio de 2020, concebida como una prestación que persigue frenar la pobreza en unos 850.000 hogares en el país e impulsar la inclusión laboral. Por otro lado, y en lo referente a la normativa de la Comunidad de Madrid, disponemos de la Renta mínima de Inserción, una ayuda que pretende cubrir las necesidades básicas cuando no hay ingresos que procedan del trabajo, pensiones o prestaciones sociales.
El problema que hemos encontrado a estas medidas es la lentitud burocrática de concesión de estas ayudas. Así, a fecha 20 de agosto de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el ingreso mínimo vital (IMV) a más de 80.000 hogares hasta el 17 de agosto de un total de 750.000 solicitudes. De ellas, 74.000 ayudas se han concedido de oficio. Las otras 6.000 representan apenas un 0,8% de las solicitudes presentadas.
Desconocemos cuántas de estas 80.000 solicitudes concedidas hasta agosto fueron a personas jóvenes, pero dadas las restricciones de acceso que la norma impone a las personas jóvenes es de suponer que apenas están viéndose beneficiados de esta medida.
La actual configuración del IMV limita el acceso a las personas de entre 23 y 30 años, dejando fuera al tramo de edad de los 18 a los 23 sin atender a sus condiciones socioeconómicas.
Además, se exige a las personas jóvenes haber vivido de manera emancipada dos años (frente al único año que se exige al resto de la población) y haber cotizado al menos doce meses a la seguridad social (requisito no exigido al resto de la población.
Entendemos, por tanto, que si bien el IMV puede ser una gran medida las condiciones de acceso que se exigen a las personas jóvenes las privan de poder verse beneficiados por dicha medida.
Este hecho no puede contemplarse con pasividad o con mera resignación por parte de los jóvenes, en la medida en que, como ya hemos manifestado a través de distintas resoluciones, en el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid no deseamos que por razón de la pandemia seamos precisamente los jóvenes los destinados a soportar los recortes en nuestro desarrollo vital y profesional, sino que entendemos que se trata de una oportunidad para la sociedad y para nosotros de que, a través de los medios adecuados, los jóvenes ayudemos a una recuperación del país de esta crisis.
Por lo tanto, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid reclama a las administraciones públicas competentes:
- Que desde el Gobierno autonómico se formule una Estrategia Autonómica contra la Pobreza Juvenil, dotándola de:
- Un plan de choque contra los efectos de la crisis económica políticas aptas para la juventud, haciendo un análisis de las condiciones que llevan a que la juventud sea el colectivo de edad con mayor tasa AROPE.
- Atención a las características específicas de la juventud, a la hora de establecer los criterios de acceso a ayudas de inserción, garantizando que este sea equitativo.
- Los recursos necesarios para que los jóvenes afectados puedan garantizar su adecuado desarrollo, educación y bienestar.
- En aras de acabar con el fenómeno de “los trabajadores pobres”, instamos a la Asamblea de la Comunidad de Madrid a reformar la Ley de la Renta Mínima de Inserción y otras concordantes para hacer compatible en determinados supuestos percibir ayudas de la Administración y estar trabajando.
- Garantizar el mantenimiento de la RMI autonómica y su compatibilidad del IMV estatal.
- Bajar la edad mínima para solicitar la RMI (fuera de los casos excepcionales recogidos actualmente), desde los 25 años actuales hasta los 18 años.
- Que, constatados los problemas administrativos para cobrar las ayudas como la renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital, las Administraciones competentes simplifiquen los procesos,
- Mejora de la accesibilidad a estas ayudas mediante la creación de guías de información claras y sencillas, que se pongan a disposición de los interesados.
- Dotación de recursos a las administraciones competentes para atender eficazmente estas peticiones.
- Reducir la brecha digital, acentuada en la situación de pandemia:
- Con un refuerzo de los servicios públicos de acceso a internet.
- Gratuidad en el acceso a estos servicios para personas jóvenes en situación de vulnerabilidad.
- Aumentando la inversión en infraestructura de red en zonas rurales y asegurar la calidad del acceso a la red.
- En línea con las propuestas aprobadas en materia de vivienda, solicitamos al Gobierno autonómico la aplicación de planes específicos de Vivienda Joven, ya sea recuperando para este uso vivienda pública ya existente o a través de la creación de nueva.
- Fomentar políticas de contratación, que incentiven la contratación de jóvenes por parte de las empresas.
- Aumentar la financiación de los programas y subvenciones destinadas a la atención e integración de adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, desde el ocio alternativo y la educación no formal.
- Aumentando la financiación de la sublínea de programas de ‘Jóvenes’ en la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Impulsando convocatorias de subvenciones a entidades sociales destinadas a entidades juveniles que presten servicios a la juventud.
