El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente el dictamen de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Este avance ha supuesto un hito histórico en la lucha por los derechos fundamentales y las garantías democráticas, y devuelve a España a la liga de países pioneros en el plano internacional, ya que además de su aprobación en el Congreso, la eutanasia cuenta con un apoyo superior al 85% entre los ciudadanos españoles.
Gracias a esta ley, toda persona mayor de edad puede decidir sobre su propia vida cuando ésta llegue a una situación de alteración o padecimientos graves e irreversibles. La solicitud se realiza ante los profesionales sanitarios, que llevan a cabo el proceso con todas las garantías sanitarias y jurídicas. En los supuestos en que la persona vaya a perder su capacidad de comunicación, puede dejar constancia de su decisión a través de testamento vital, siempre que se haga de forma clara, inequívoca y autónoma. Todo ello consolida un procedimiento en el que se ponderan el derecho fundamental a disponer sobre la vida de cada persona con todas las garantías jurídicas y médicas.
La ley es de por sí un avance de dimensiones históricas. No obstante, la eutanasia, por sí misma, no es suficiente para poner remedio a la situación de tantas personas que padecen sufrimientos irreversibles en la etapa final de su vida. Y es que en España, existe una desigualdad territorial en materia de regulación de estos derechos, una desigualdad intolerable, pues incluyen el acceso a cuidados paliativos que mitiguen y hagan desaparecer el dolor hasta que llegue el final, o a poder vivir ese proceso en un ambiente respetuoso con su intimidad y en el que puedan estar acompañados por sus seres queridos.
Por ese motivo, se hace necesaria una ley rigurosa y de consenso que garantice derechos, dignidad y asistencia de calidad para todos hasta el último día de sus vidas. Porque nadie debe morir con dolor ni sufrimientos innecesarios. De hecho, en 2018, la Ley de Cuidados Paliativos contó con un apoyo casi unánime en el Congreso, con 315 votos a favor, pero se suspendió su tramitación en el Senado debido al adelanto electoral.
Por todo lo anterior, el CJCM apoya la aprobación de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos que reconozca:
- El derecho de todos los pacientes a ser asistidos al final de la vida según los deseos íntimos expresados en un testamento vital o a través de un representante previamente designado si no pueden expresar su voluntad.
- El derecho a recibir una información asistencial completa, clara y comprensible sobre su situación, los tratamientos propuestos y las posibles consecuencias de su aplicación o rechazo.
- El derecho al respeto de su intimidad personal y a estar en compañía de sus seres queridos en los momentos finales de su vida.
- El derecho a poder rechazar tratamientos y medidas de soporte vital que puedan prolongar su sufrimiento cuando no exista ninguna posibilidad de recuperación.
- El derecho de acceso a cuidados paliativos integrales, tratamiento del dolor y sus síntomas, incluyendo el derecho a sedación, en centros hospitalarios o en su domicilio, incluso cuando ello pudiera implicar un acortamiento de la vida.