Los pasados 8 y 9 de enero de 2021, nuestra región experimentó la nevada más fuerte en décadas superando en algunas zonas el medio metro de nieve. Las calles se llenaron de nieve y muchos madrileños pudieron salir a disfrutar de un fenómeno que no tenía lugar desde hace años, pero aún así, el balance del temporal no es positivo. No sólo por las consecuencias en términos de obstaculización de la movilidad durante días, lo que incluye la movilidad de los vehículos de emergencias; lesiones producidas por el hielo; la caída y pérdida de árboles a causa del peso de la nieve (entre un 10 y un 20% de los de la ciudad); los daños en infraestructuras; o las temperaturas bajamente inusuales que también suponen un reto para quienes no tienen acceso a calefacción o les cuesta hacer frente a la factura de esta. Pero también son preocupantes las causas de este fenómeno excepcional, enmarcadas en la crisis climática que venimos viviendo desde hace años y que cada vez se manifiesta con más intensidad. A pesar de que hay quien ha aprovechado la nevada para legitimar argumentos negacionistas del calentamiento global y el cambio climático, existe una diferencia básica entre variabilidad climática, reflejada en los cambios en la situación atmosférica a corto plazo y en un lugar concreto y que depende de muchos factores; y el cambio climático, reflejado en un aumento continuo y global de la temperatura terrestre, que actualmente se trata de un fenómeno con toda certeza antropogénico. La borrasca Filomena se trata de un fenómeno meteorológico extremo puntual, pero enmarcado dentro del calentamiento global, que produce variabilidades climáticas (de temperatura y precipitaciones) más imprevisibles y extremas.
Dado que se trata de una catástrofe enmarcada en un fenómeno mucho más amplio como es la crisis climática, la solución no puede ignorar este hecho, así como que su difícil reversión a corto o medio plazo exige estar preparados para esta clase de fenómenos extremos, que serán cada vez más frecuentes y virulentos. Por otra parte, la importante pérdida de masa arbórea en la región y especialmente en las ciudades de la Comunidad de Madrid, son una consecuencia de este temporal que dificulta la lucha y adaptación al cambio climático. Los árboles absorben el CO2 y otros compuestos nocivos para nuestra salud, suavizan las temperaturas, nos ayudan a retener el agua en nuestros ecosistemas, juegan un papel fundamental en los mismos en relación con otras especies de animales o plantas, ofrecen sombra ante temperaturas extremadamente altas y son un factor fundamental para un espacio urbano agradable.
Por todo lo expuesto, desde el CJCM reiteramos a todas las administraciones públicas su obligación constitucional de garantizar un medioambiente adecuado al desarrollo de la persona, y que la lucha contra cambio climático es un elemento irremplazable de esta obligación. En relación con ella, solicitamos:
- La creación de un plan autonómico y planes locales de adaptación a las consecuencias de la crisis climática, como los fenómenos meteorológicos extremos, que tenga en cuenta también sus causas. Estos deberán recoger, entre otras cosas:
- Protocolos de actuación en situaciones de emergencia para estos supuestos, y deberán tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de cada grupo social.
- La adaptación de los entornos urbanos y rurales a las consecuencias de la crisis climática
- Relacionado con el punto anterior, pedimos que se lleven a cabo cuanto antes y de manera profesional y adecuada, las labores de recuperación del arbolado en los distintos municipios de la región, lo que incluye tanto la retirada de los árboles caídos, las podas pertinentes y la replantación.
- La toma en consideración del cambio climático en la recuperación del arbolado, plantando especies adecuadas al entorno en las que se va a desarrollar, escuchando para ello a los profesionales y fomentando la diversidad de especies como fuente de resiliencia de los ecosistemas.
- La revisión del modelo de gestión y mantenimiento de la vegetación urbana para promover árboles saludables y resistentes a los fenómenos extremos, y que contemple un aumento de recursos y personal destinados a la gestión y mantenimiento de la vegetación urbana.
Por otro lado, la borrasca Filomena también nos ha enseñado las deficiencias de nuestro modelo de movilidad cuando desaparecen los coches, como es en cierta medida el camino por el que deberíamos ir hacia un horizonte sostenible. Por ello, también pedimos:
- El aumento de la inversión en la red de transporte público que haga de este una alternativa real al transporte privado, especialmente mejorando las frecuencias de este y la conectividad de las zonas periféricas.
- El estudio de garantizar la gratuidad del servicio de metro en situaciones de emergencia, cuando es prácticamente la única posibilidad de moverse entre barrios y municipios.
Además, el aumento del riesgo y virulencia de olas de frío a consecuencia del cambio climático, nos exigen más que nunca garantizar el acceso a calefacción a todos los ciudadanos, como un derecho fundamental vinculado al derecho a una vivienda digna, pero también al derecho a la salud y a la integridad física. Es por ello por lo que solicitamos a las administraciones públicas que se prohíban los cortes de suministro durante estas situaciones, y que se lleven a cabo o se revisen las políticas existentes para evitar que haya hogares que no pueden hacer frente a los gastos de la calefacción, en última instancia mediante la asunción de estos gastos por parte de la administración. En este sentido, solicitamos que estas medidas vayan enmarcadas en un plan de prevención para las olas de frío que tenga en cuenta las vulnerabilidades al mismo y su agravación a causa del cambio climático.
Por último, desde el CJCM queremos manifestar nuestro apoyo a las asociaciones y colectivos vecinales, que han estado organizando en los días posteriores a la nevada los esfuerzos ciudadanos por hacer las calles transitables, allá donde los ayuntamientos no llegaban. Por ello, pedimos a las administraciones, sobre todo las locales, un compromiso con estas entidades que vaya acompañado garantías a las subvenciones necesarias para que puedan seguir llevando a cabo sus actividades de interés común, así como a su toma en consideración como interlocutores importantes a la hora de diseñar las políticas y actuaciones locales.
