In Sala de prensa

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid exige al gobierno autonómico que amplíe la inversión de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género garantizando que quedan cubiertas las necesidades que presentan las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid.

 

Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, reclamamos que el gobierno autonómico revise los protocolos por lo que se producen las derivaciones de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos a los Centros de Acogida pertenecientes a la Comunidad de Madrid para poder dar cobertura real a las necesidades y demandas que presentan.

El pasado 13 de junio de 2018 la Cadena Ser se hacía eco de que, desde el año 2015, el Gobierno madrileño ha rechazado la derivación de 47 mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos a Centro de Acogida para dar continuidad a su proceso de recuperación integral tras haber sido derivadas por los propios Centros de Emergencia. El Consejo de Juventud de la Comunidad de Madrid considera que es deleznable que, promoviendo y promocionando la protección que se hace ante estas situaciones la realidad demuestre una vez más como los colectivos más vulnerables carecen de toda la protección necesaria y reclama una mayor inversión en la Red de Atención Integral para la Violencia de Género garantizando la plena atención.

En la actualidad, y tras las licitaciones públicas de los diferentes Centros de Acogida que tuvieron lugar en diciembre de 2017, reclamamos que la Dirección General de la Mujer, actúe garantizando e igualando a la alza los presupuestos de dichos recursos evitando la desigualdad entre centros que existe en la actualidad y que inevitablemente repercute en la atención que reciben las diferentes unidades familiares alojadas. Igualmente, para garantizar la recuperación integral de estas mujeres y menores y evitar la precarización laboral de un sector ampliamente feminizado, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid recuerda al gobierno autonómico que es imprescindible que los servicios estén dotados de los suficientes y adecuados perfiles profesionales y que se garanticen todos sus derechos laborales.

 

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