La reducción de la edad del voto a los 16 años es una de las principales reivindicaciones históricas de los Consejos de la Juventud, liderados especialmente por el European Youth Forum y el Consejo de la Juventud de España como organismo estatal con mayor capacidad de incidencia para propiciar los espacios de reflexión necesarios que permitan, finalmente, ampliar el derecho a voto de un sector de la población que actualmente dispone de otros derechos a esa misma edad, pero no el del sufragio universal.
En nuestro estado, la legislación vigente dota a las personas de 16 años de una serie de obligaciones y derechos como el de la emancipación, al trabajo, al matrimonio o al aborto que posiciona a las personas jóvenes de esa edad como personas autónomas con plena capacidad de obrar. Sin embargo, existe un derecho del que no se dispone hasta 2 años después, el del voto, impidiendo que se les tenga en cuenta en determinados procesos de participación directa como son las elecciones generales, autonómicas o municipales.
Además, este debate social también se ha dado a nivel internacional, tal y como se plasmó en una resolución elaborada y aprobada por el parlamento europeo que, en el 2015, instaba a los países miembros a ampliar el sufragio universal hasta los 16 años. Echando una mirada a otros países, encontramos que Austria fue el primer país de la Unión Europea que aprobó en el 2008 una reducción en el límite de edad en el acceso al voto, sumándose otros países como Alemania, Bélgica, Suiza o Malta en los años siguientes, ampliando todos ellos el voto a los 16 o 17 años en alguno de sus niveles institucionales. También tenemos ejemplos de otros continentes como el voto a los 16 años de Argentina, Brasil o Nicaragua.
Esta propuesta tiene como principal justificación, la de mejorar la participación democrática y los procesos de participación política existentes entre la juventud para construir una ciudadanía activa, además de sensibilizar sobre el papel que puede desempeñar nuestra juventud de 16 y 17 años, siendo generaciones mucho más informadas que generaciones anteriores y muy concienciadas con numerosas problemáticas sociales como la crisis medioambiental o las discriminaciones de diferentes colectivos.
Esta cuestión está muy trabajada y fundamentada por diversas investigaciones que destacan entre sus conclusiones que en el sentimiento de implicación en la vida pública hay una clara influencia del ciclo vital de los individuos, de modo que el paso de la adolescencia a la edad adulta, que coincide con la adquisición de derechos civiles y políticos como el voto, lleva consigo un notable incremento en el interés manifestado por lo público alcanza en alguna de ellas (Moral y Mateos, 2002).
No obstante, esta reforma no puede ser una medida aislada, sino que debe ir acompañada de una mejora en la calidad educativa en lo que a aspectos de participación se refiere. Actualmente la educación obligatoria finaliza a los 16 años por lo que se entiende que es a esta edad cuando las personas jóvenes ya disponen de la madurez y los conocimientos básicos para desenvolverse en la sociedad y ser ciudadanos y ciudadanas responsables. Sin embargo, creemos esencial elaborar una reforma educativa que potencie la participación juvenil en los espacios políticos a través de una formación cívica, educando en política y conciencia social. Para ello es importante contar con todos los agentes sociales implicados en el proceso educativo de la infancia y juventud, valorando especialmente el papel de las entidades estudiantiles y de educación no formal.
Otra razón que es innegable en el marco en el que nos encontramos, es que el hecho de extender el voto a los 16 años supone una estrategia más para que la juventud pueda ejercer una mayor influencia sobre la agenda pública, política y programática. Somos conscientes de que el colectivo juvenil sufre incondicionalmente unas mayores dificultades para ser escuchado por la administración pública derivando en un mayor desapego frente a las instituciones, una menor representación en los órganos de toma de decisiones y un menor esfuerzo por parte de las administraciones para dar respuestas a sus problemáticas estructurales. Llevar a cabo esta reforma implicaría un compromiso de los grupos parlamentarios para la mejoría de políticas públicas de juventud invirtiendo más recursos y esfuerzos en las medidas dirigidas a este colectivo, propiciando un mayor equilibrio entre los más jóvenes y los más mayores, y propiciando un rejuvenecimiento de un cuerpo electoral cada vez más envejecido que marca las prioridades de cualquier gobierno.
Por todo ello desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid:
– Apoyamos la reivindicación del Consejo de la Juventud de España y se posiciona a favor de la reforma de la Ley de régimen electoral ampliando el derecho a voto hasta los 16 años.
– Nos comprometemos a elaborar campañas de sensibilización y crear espacios de reflexión ciudadana sobre el voto a los 16 años.
Además, proponemos las siguientes medidas:
– Elaborar una reforma educativa que fortalezca los contenidos sobre formación cívica, educación política y participación ciudadana en todas las etapas escolares.
– Articular una mayor relación entre educación formal y no formal en el ámbito escolar para desarrollar una completa educación para la participación.
– Incrementar los mecanismos de participación estudiantil dotando de recursos económicos, técnicos y de espacios a las entidades estudiantiles.